Boletín No. 16. Bogotá, 29 de mayo de 2020. Durante la sesión de hoy de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, los integrantes de este organismo expresaron su preocupación frente al informe presentado por la EPS CONVIDA, en el cual no se logra evidenciar la existencia de la continuidad de los convenios suscritos entre la EPS CONVIDA y las instituciones prestadoras de salud, lo que pone en peligro la efectiva atención a muchos de sus afiliados.

Dentro del análisis se destacó que varios contratos ya vencieron, pero no reportan adiciones, prórrogas o nuevos convenios que garanticen la continuidad de los mismos. De igual forma, otros vencen este 31 de mayo, sin encontrar actuaciones administrativas que eviten la interrupción de la prestación de algunos servicios médicos.

Además de esta situación, el defensor del Pueblo de Cundinamarca, Julio Quintero Castellanos, indicó que ha recibido numerosas quejas denunciando que en los municipios, las sedes físicas de la EPS-CONVIDA no se encuentran atendiendo; situación que dificulta la debida atención a los afiliados.

Ante este escenario, el Contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo, convoca a la administración de la EPS-CONVIDA, a que clarifique la situación que vive la entidad y tome las acciones pertinentes para garantizar una adecuada prestación de servicios, pero en especial lograr el fortalecimiento de esta importante entidad departamental.

Otras decisiones de la CRMBC

En la sesión virtual de la CRMBC, se garantizó la continuidad en el acompañamiento a la regularización de propiedad de los terrenos en el Barrio TAO de Pacho, y a la estabilización de los mismos ya que presenta graves daños geológicos.

En el seguimiento a la situación de hacinamiento carcelario, la CRMBC invitará a sesión extraordinaria a la dirección del INPEC y a los presidentes de los Consejos de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, para que expliquen el manejo dado a esta grave problemática.

Asimismo, para conocer las inquietudes de la ciudadanía con respecto a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I del municipio de Chía, la CRMBC, realizará una sesión virtual con los veedores que permita un diálogo fluido con los ciudadanos afectados por esta obra.

 

 

 

 

Boletín No. 15. Bogotá, 20 de mayo de 2020. Esta estrategia, diseñado por la Contraloría de Cundinamarca, promueve un diálogo más directo y oportuno entre el ente de control, las administraciones y la ciudadanía, permitiendo un acompañamiento a la gestión de las entidades territoriales para la debida inversión de los recursos públicos.

A través de mesas de trabajo, lideradas por el grupo directivo de la Contraloría, se efectuará un seguimiento a la gestión municipal, con la participación del alcalde, el personero, el jefe de control interno y los veedores ciudadanos de cada municipio.

Se abordarán temas como gestión administrativa, contratación, y se socializarán los requerimientos de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que permitan emprender las acciones pertinentes en favor de la comunidad.

Esta semana se han visitado los municipios de Villapinzón, Chocontá, Caparrapí y Zipaquirá.

 

 



 

Boletín No 13. Bogotá, D.C. 24 de abril de 2020. Durante la audiencia pública virtual de Rendición de Cuentas Vigencia - 2019, el Contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, dio a conocer que la Contraloría de Cundinamarca continua su labor de vigilancia, actuando dentro de las competencias legales otorgadas a este ente de control. 

Para ello, desde la Subdirección de Participación Comunitaria y la Contraloría Auxiliar, bajo la dirección del Contralor, se han tomado las acciones necesarias para el seguimiento y atención oportuna de las denuncias presentadas por los ciudadanos y los veedores, así como de las informaciones que los diferentes medios de comunicación registran diariamente sobre posibles hechos de corrupción y la violación del principio de transparencia en la contratación que los municipios y el departamento están realizando para superar la actual crisis sanitaria.

Es así que la entidad requirió a los sujetos de control la entrega inmediata, como lo ordena la ley, de todas las actuaciones contractuales surtidas dentro de la declaratoria de urgencia manifiesta, para que de manera virtual se realice la revisión de las mismas. 

En este orden de ideas, y viendo los casos más complejos denunciados, funcionarios de la Contraloría se desplazaron a los municipios de Chía, La Mesa, Fusagasugá y Tocaima a verificar en terreno las actuaciones de las administraciones. 

En la audiencia, el Contralor Sierra Cardozo resaltó que con la reforma al control fiscal, a través del Acto Legislativo 004 de 2019 y el Decreto 403 de marzo de 2020, se le dio a la Contraloría General de la República la facultad exclusiva de realizar control concomitante, dejando a las contralorías territoriales sólo la potestad de un ejercicio de control posterior; por ello, la Contraloría General ha asumido la vigilancia sobre algunos contratos de los municipios de Guaduas, Tocancipá, Cota, Tabio y Chía. 

Ante ello, el Contralor aclaró que: “no quiere decir esto que nosotros no estemos haciendo la tarea del control fiscal en el departamento, es que nosotros no tenemos la competencia de hacer control fiscal preventivo ni concomitante; nosotros tenemos que esperar a que se suscriba el contrato, se ejecute y se liquide”. 

La audiencia, espacio de interacción y control social presentó un panorama general de la gestión de la vigencia 2019, abordando entre otros temas el Plan Estratégico Institucional y su cumplimiento, el Control Fiscal en los municipios y en el Departamento, los Procesos de responsabilidad fiscal, Gestión Administrativa y participación comunitaria.

 

 



 

 

 

Boletín N° 14. Bogotá, 30 de abril de 2020. Uniéndose a la alerta expresada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Directiva No 16, los organismos integrantes de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, advierten a las administraciones locales, en especial a los representantes legales y ordenadores del gasto, guardar en sus actuaciones el cumplimento de la normativa contractual expedida en virtud del estado de emergencia sanitaria y los principios de la contratación estatal en todos los procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios requeridos para contener la expansión de la pandemia y mitigar los efectos del COVID-19.

De la misma forma, los exhorta a que garanticen el uso adecuado y prioritario de los recursos públicos disponibles, y que todas sus acciones estén enmarcadas en los principios de transparencia, eficiencia, moralidad, economía e integridad. 

Durante la sesión ordinaria de la CMRBC, realizada hoy, Juan Pablo Contreras, delegado de la Personería Distrital, manifestó su preocupación frente a la entrega de ayudas en Bogotá ya que falta claridad por parte de la Nación y del Distrito, de las personas a quienes deben llegarles estos beneficios; lo que ha dificultado las acciones de mitigación de los riesgos de desabastecimiento de la población más vulnerable. 

Asimismo, llamó la atención a las administraciones sobre la necesidad de realizar controles efectivos a las donaciones de particulares, en el sentido de garantizar que las ayudas en especie cumplan con los requisitos fitosanitarios para el consumo.

Por su parte, el defensor del pueblo Distrital, Rafael Navarro, expresó la necesidad de implantar protocolos de información en los hospitales para que los familiares de los enfermos por COVID-19 tengan conocimiento de la evolución y estado de sus allegados.

Al referirse a la crisis carcelaria que padece el país, otro de los temas abordados por la CMRBC, el defensor distrital expresó la necesidad de que el INPEC garantice la virtualidad de todos los procesos en los establecimientos de reclusión, de tal forma que los privados de la libertad tengan asegurado su derecho a la defensa y al debido proceso, y que no se paralicen o generen nulidades, situaciones que pueden afectar las condiciones carcelarias.

Por su parte, el contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo resaltó la importancia del trabajo conjunto de los organismos de control y vigilancia para hacer frente a los hechos de corrupción que puedan presentarse en esta coyuntura en Bogotá y Cundinamarca. Para ello, al interior de la comisión se adoptarán a través de diferentes sistemas de comunicación procesos que agilicen las acciones, no se dupliquen tareas y, principalmente, lograr mayor celeridad de respuesta a la ciudadanía.