Bogotá, 19 de octubre de 2018. Las torres y líneas de alta tensión que pretenden pasar por una zona de reserva forestal y que afectan a ocho municipios de Cundinamarca (Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sesquilé, Suesca, Subachoque, Tabio y  Zipaquirá);  el manejo de las escombreras y la audiencia verbal por presuntas irregularidades en la inversión, construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I, en Chía, son temas que concentran la atención de la Contraloría departamental.

Con este anuncio el contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, en desarrollo de la 16° Audiencia Pública de control Social en la Provincia Sabana Centro, y en calidad de presidente de la Comisión Regional de Moralización, Bogotá-Cundinamarca explicó que convocará a mesas de trabajo con las autoridades nacionales, departamentales y locales para evitar la fragmentación de la zona de reserva forestal de la cuenca alta del Río Bogotá, que reclama la comunidad en el caso de la instalación de torres y líneas de alta tensión que establece el proyecto Chivor II y Norte 230Kv, a cargo del Grupo Energía de Bogotá (GEB).

Así mismo, señaló que frente a la problemática que generan las escombreras con la cantidad de residuos sólidos que se abandonan en estos lugares, convocó a mesas de trabajo a las autoridades ambientales como la Corporación Autónoma Regional, CAR y los alcaldes de los municipios afectados, entre otros, para que  de  común acuerdo se estructuren proyectos viables que pongan freno a esta situación ilegal.

De otra parte, dio a conocer que actualmente se realizan  las audiencias verbales en el proceso fiscal que se adelanta por la inversión, construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I, en Chía, para lo cual invitó a los habitantes del municipio a realizar el debido seguimiento a este caso, que al ser abordado en la Comisión Regional de Moralización, Bogotá- Cundinamarca se articularon los otros organismos de control como la Procuraduría General de la Nación que dio a conocer un pliego de cargos y la Fiscalía General realizó imputaciones contra el ex alcalde Guillermo Varela Romero y otros funcionarios de su administración.

En relación con los diferentes hallazgos en cuantía aproximada de $72 mil millones de pesos que reveló la Contraloría General de la Nación por la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual PTAR en el departamento,  solicitó al Contralor General Felipe Córdoba la necesidad de articular labores conjuntas que en ejercicio de las auditorias  articuladas se generen mejores resultados ante la afectación que denuncian continuamente los cundinamarqueses.

 

Conozca el desarrollo de la audiencia pública en: www.contraloriadecundinamarca.gov.co