El derecho a la participación

El desarrollo político de nuestro país, en el marco de un sistema democrático, conlleva necesariamente la concesión de un conjunto de derechos ciudadanos, tanto civiles, como políticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad.

El acceso homogéneo y total de la población colombiana a los derechos ciudadanos ha sido un proceso tardío y condicionado, no solo por el desarrollo universal de los sistemas de derecho, sino también por las incongruencias e inconsistencias del sistema político colombiano, aunque desde el periodo colonial ya se hubieran llevado a cabo diversos movimientos sociales para garantizar el derecho civil de la participación .

Aproximadamente hasta mitad del siglo XX la intervención ciudadana en los temas del Estado sólo encontraba cabida, a nivel político y social, en las diferentes expresiones populares asociadas con las formas directas y no institucionalizadas de participación, como lo son las marchas populares, los paros cívicos, las huelgas, las tomas de oficinas públicas, las manifestaciones estudiantiles, y las invasiones de predios privados, entre otras ya que la Constitución del 86 se caracterizaba por ser un estado representativo pero no participativo, por ello la Constitución del 91, en el cual se parte del cuerdo social, modifica esta falencia y establece que Colombia es un Estado Social de derecho  pluralista y participativo, dejando en cada articulo sus anhelos de lograr que la participación ciudadana se de en todas sus formas. 

Es así, como a pesar de que la participación ciudadana en los asuntos públicos fue un derecho otorgado en 1948 a las diversas sociedades del mundo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (principal instrumento internacional donde se salvaguardan los derechos civiles y políticos, además de otros derechos fundamentales), en algunos países como Colombia el interés social por la democracia y la participación activa en las decisiones de la vida política y económica del país ha sido un proceso que comenzó a construirse en la asamblea Nacional Constituyente que parte de la séptima papeleta a partir de un periodo de reforma Constitucional. 

No obstante, y sorteando estas vicisitudes, es decir, aunque la intervención ciudadana en el ámbito público se considere como una institución  naciente en Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente al entregar a los colombianos, a través de la Carta Constitucional de 1991, un magno y efectivo conjunto de mecanismos que los habilita para intervenir en los asuntos del Estado, ha logrado hacer de la participación ciudadana una tendencia cada vez más demandada por la sociedad.

Si bien el voto, el plebiscito, el referendo (regular, derogatorio, y aprobatorio), la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, y la revocatoria al mandato han sido mecanismos, que por su eficacia y eficiencia para garantizar la inclusión activa de la sociedad en los asuntos del Estado se han configurado como los más reconocidos, la legislación colombiana se encargó de igual manera de ampliar diversos espacios y modalidades para la participación de los colombianos en procesos donde se avanza involucrando tanto a la población como a los organismos públicos.

Uno de los espacios de participación ciudadana en el manejo de lo público que se ha enmarcado dentro de esta lógica de acción ha sido lo que se conoce como el control social. Desde una descripción básica, el control social se ha conformado como una forma de participación ciudadana que permite a los individuos de la sociedad colombiana, y las organizaciones que hacen parte de la misma, influir en las condiciones de modo, tiempo, y lugar de como se desarrolla la gestión pública . 

Partiendo de la base de que el control social puede llevarse a cabo en diversos ámbitos y niveles de la administración pública, y que inmersamente en el proceso de evolución que ha sufrido el Estado se ha propiciado la búsqueda de una paulatina modernización de la administración pública, el acercamiento del ciudadano al servicio del Estado, y pugnar acérrimamente la corrupción que agobia al país, el control fiscal se ha conformado como uno de los espacio del control social en el cual la ciudadanía colombiana ha podido intervenir en el ejercicio de la vigilancia de los recursos del Estado.